La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, expresó su respaldo al Plan contra la Gentrificación en la Ciudad de México, presentado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y reafirmó que desde el movimiento de la Cuarta Transformación se luchará por garantizar el derecho a una vivienda digna, accesible y estable para todas y todos.
“La vivienda no es un privilegio para unos cuantos, es un derecho constitucional del pueblo. La especulación inmobiliaria, los abusos en los contratos de arrendamiento y la conversión desmedida de hogares en espacios turísticos han desplazado a miles de familias trabajadoras”, sostuvo la legisladora federal.
Jiménez Godoy celebró las medidas del programa, que incluyen un marco legal para controlar el aumento excesivo de las rentas, la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios, y una inversión de 9 mil millones de pesos en acciones de vivienda popular. También se establecen sanciones contra el acaparamiento y la renta sin regulación en plataformas digitales.
La diputada recordó que en alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, más del 70% de los hogares son rentados, y que colonias como Roma, Condesa y Nápoles han registrado incrementos de hasta 94% en el precio de renta en menos de dos años, lo que ha generado una migración forzada de familias de clase media, estudiantes, trabajadores y adultos mayores hacia zonas periféricas.
Actualmente, quienes más rentan en la Ciudad de México son jóvenes, estudiantes y profesionistas, especialmente en zonas céntricas como Roma, Condesa, Juárez y Nápoles, donde las rentas por departamentos de una o dos recámaras superan los 25 mil e incluso los 35 mil pesos mensuales.
Este fenómeno ha excluido a sectores populares y de clase media que ya no pueden costear una vivienda cerca de sus escuelas, centros de trabajo o servicios de salud.
“No podemos permitir que la ciudad expulse a quienes la mantienen viva todos los días. Las juventudes, las y los trabajadores, deben tener garantizado su derecho a permanecer en ella, no a ser desplazados por intereses privados”, concluyó la diputada Gabriela Jiménez.
