La diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena, presentará en este periodo de sesiones la Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar, una iniciativa estratégica que busca detonar el crecimiento económico del país mediante la coinversión público-privada con enfoque social y transparencia.
Durante el Foro de Análisis celebrado en la Cámara de Diputados, la legisladora detalló que esta propuesta coincide con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha establecido políticas públicas innovadoras como los polos de desarrollo regional, enfocados en generar crecimiento con equidad territorial, sustentabilidad y bienestar para toda la población.
“La infraestructura no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar equidad, justicia y bienestar social. Ese es el espíritu de esta propuesta, que fortalece la visión transformadora de la política pública de la Cuarta Transformación”, afirmó Jiménez Godoy.
Las inversiones mixtas representan una oportunidad histórica para México según datos del Banco Mundial, América Latina enfrenta un déficit de infraestructura equivalente al 3.5% de su PIB anual. En México este modelo permitiría cerrar brechas de desigualdad regional mientras se garantiza acceso universal a servicios básicos como salud, educación, vivienda, agua potable y conectividad digital la coinversión público-privada, cuando se implementa con transparencia y enfoque social puede multiplicar hasta por cinco la capacidad de inversión del Estado, acelerando el desarrollo de proyectos estratégicos sin comprometer las finanzas públicas ni sacrificar el bienestar comunitario.
La propuesta legislativa contempla ejes estratégicos que garantizarán su éxito y transparencia:
Participación de Afores y capital privado con certeza jurídica que proteja el ahorro de los trabajadores mientras genera rendimientos seguros y sostenibles.
Creación de órganos colegiados especializados para garantizar transparencia, paridad de género y rendición de cuentas en cada proyecto de inversión.
Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permitan implementar este modelo con solidez institucional.
Marco jurídico moderno que facilite la coinversión en proyectos estratégicos con enfoque de largo plazo y beneficio social.
Desarrollo regional equitativo que cierre brechas de desigualdad y fortalezca comunidades históricamente marginadas.
El foro reunió a legisladores como Clara Cárdenas, Francisco Borrego, Rocío López, Maribel Solache, Edén Garcés, José Javier Aguirre y Marilyn Pozos, además de especialistas, empresarios y representantes del sector financiero que aportaron su visión sobre la propuesta.
Adolfo González Olhovich, presidente del Comité de Financiamiento de CONARED, coincidió en que “fortalecer el gobierno corporativo y la supervisión de los proyectos es indispensable para generar confianza y atraer capital”. El consultor Luis Hernández Palacios pidió que la ley “garantice que el sector rural sea atendido y que los procesos de coinversión se simplifiquen para beneficiar a comunidades alejadas”.
La participación del ahorro de los trabajadores fue uno de los puntos más destacados del foro. Pedro Martínez, director general de TMSourcing, sostuvo que “integrar a las Afores en los proyectos estratégicos permitirá que los ahorros de los trabajadores se conviertan en motor de desarrollo y a la vez generen rendimientos seguros”.
Guillermo Zamarripa, presidente de Amafore refrendó que “los trabajadores son socios naturales de la infraestructura nacional; sus ahorros deben invertirse con reglas claras para detonar crecimiento regional”.
Álvaro García Pimentel Caraza, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, subrayó la importancia de que las pequeñas y medianas empresas participen: “abrirle acceso al mercado financiero impulsará empleo y competitividad local”.
Para el consultor Rogelio Jiménez Pons, proyectos como el Tren Maya demuestran que “la rentabilidad no siempre es inmediata; se requiere visión de largo plazo”.
En materia legal y financiera, Sergio Chagoya, socio de Santamarina y Steta, planteó la importancia de organismos multilaterales y un fondo soberano que pueden brindar solidez y respaldo financiero a la inversión mixta.
Jorge González, director jurídico de BIVA, destacó que los fideicomisos plurianuales ofrecen flexibilidad y certidumbre a los inversionistas, además de facilitar la continuidad de los proyectos.
Alejandro Carreño, socio de Consultoría Global en Inteligencia Urbana consideró que un buen gobierno corporativo se convierte en ventaja competitiva para México, mientras que Marco Antonio Frías Galván, presidente de la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Vial AC, recalcó que “el éxito de este modelo depende de respetar contratos y de una planeación sólida y de largo plazo”.
Jiménez Godoy afirmó que esta iniciativa “dotará a México de un instrumento estratégico para atraer inversiones, fortalecer la infraestructura nacional y garantizar crecimiento económico con justicia social y sustentabilidad”, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
“Cada intervención que escuchamos refuerza la convicción de que México necesita una Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar: una ley que aprenda de experiencias pasadas y construya un modelo basado en reglas claras, transparencia, participación social y visión comunitaria”, concluyó la legisladora.
La iniciativa ahora será analizada y discutida en comisiones antes de su presentación formal ante el pleno, donde se espera un amplio respaldo parlamentario para su aprobación.
