La oposición pretende desacreditar el trabajo serio y comprometido de los legisladores de la Cuarta Transformación, porque sabe que Morena legisla con el pueblo y para el pueblo.
Los artículos más criticados por la derecha mantienen exactamente lo aprobado por ellos mismos en 2014.
Es absolutamente falso que la nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada por Morena tenga fines de espionaje o censura, aseguró la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy.
Subrayó que estas acusaciones forman parte de una estrategia desesperada de una oposición que ha perdido autoridad moral y política, y que hoy pretende sembrar miedo y confusión en la ciudadanía para frenar el avance del proyecto de nación encabezado por la Cuarta Transformación.
“Pretenden desacreditar el trabajo serio y comprometido de los legisladores de la Cuarta Transformación, porque saben que Morena legisla con el pueblo y para el pueblo, poniendo en el centro el bienestar, la justicia social y la seguridad nacional.
No vamos a permitir que la mentira se imponga sobre la verdad ni que los intereses de unos cuantos estén por encima del interés general”, declaró la diputada federal.
Jiménez Godoy explicó que la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión —que sustituirá a la Ley Federal del mismo nombre— fue fortalecida con la participación activa de ciudadanos, académicos, expertos en la materia y sectores sociales que participaron en conversatorios y mesas de trabajo.
“A diferencia de los gobiernos del PRIAN, que aprobaban leyes al servicio de intereses privados, nosotros escuchamos al pueblo y legislamos con transparencia”, enfatizó.
La diputada detalló que los artículos más criticados por la derecha mantienen exactamente lo aprobado por ellos mismos en 2014.
El artículo 183 obliga a los operadores a colaborar con las autoridades únicamente bajo términos judiciales, mientras que el artículo 182 establece que toda colaboración debe darse por mandato judicial.
No existe, recalcó, ninguna autorización para que autoridad alguna acceda a datos de usuarios sin orden de un juez.
“Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha validado: el control judicial permanece intacto”. Con esta nueva ley —puntualizó—, la localización geográfica en tiempo real y la entrega de datos conservados seguirán requiriendo autorización judicial, tal como se establece en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido modificado desde 2016.
Asimismo, se garantiza el respeto al debido proceso, a los derechos humanos y a los derechos digitales de todas las personas, y se establece que los datos que no sean prueba deben ser destruidos.
Entre los avances más importantes de la iniciativa, Jiménez Godoy destacó la creación de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá independencia técnica, operativa y de gestión.
Esta institución sentará las bases para lograr el acceso universal al mundo digital para todos los mexicanos, sin importar su origen, condición social o ubicación geográfica.
“La creación de nuevas instituciones garantes, con una visión inclusiva y soberana del uso de los recursos digitales y del espectro radioeléctrico, responde al mandato popular de la Cuarta Transformación.
Nuestro compromiso es claro: cerrar brechas históricas de desigualdad digital, garantizar internet para todas y todos, y asegurar que los medios de comunicación sirvan al interés público, no a las élites de siempre”, concluyó.
