El sureste de México atraviesa un proceso de transformación energética que combina proyectos de energías renovables, inversiones en infraestructura eléctrica y el fortalecimiento de la producción petrolera en Tabasco y Campeche. Sin embargo, los avances registrados en 2025 muestran un balance mixto, con logros significativos en generación limpia y, al mismo tiempo, retos en distribución, impacto ambiental y acceso equitativo.
En el rubro de energías renovables, los estados de Yucatán y Campeche consolidaron su posición como polos estratégicos de generación eólica y solar. Nuevos parques fotovoltaicos y eólicos incrementaron la capacidad instalada, contribuyendo a diversificar la matriz energética y reducir la dependencia del gas natural.
Asimismo, en Chiapas y Veracruz se fortaleció la producción hidroeléctrica, con mantenimiento y modernización de presas que garantizan un mayor aprovechamiento del recurso hídrico.
En paralelo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la ampliación de redes de transmisión en Tabasco y Quintana Roo, con el objetivo de reducir apagones y mejorar la confiabilidad del suministro.
A pesar de los avances, especialistas señalan que la región enfrenta desafíos estructurales. Entre ellos, la falta de infraestructura suficiente para transportar la energía generada, lo que provoca desbalances entre zonas productoras y consumidoras, así como retrasos en proyectos de interconexión.
En el sector petrolero, aunque Campeche y Tabasco siguen siendo pilares de la producción nacional, la declinación natural de los yacimientos maduros obliga a incrementar la inversión en exploración y tecnologías de recuperación.
Organizaciones ambientales también han expresado preocupación por el impacto de megaproyectos sobre ecosistemas locales, especialmente en áreas de manglares y selvas, donde coinciden obras de infraestructura energética y turística.
El informe más reciente del sector energético en el sureste concluye que, si bien la región avanza hacia una mayor diversificación con energías renovables, aún persisten retos para lograr una transición justa, sostenible y eficiente, capaz de garantizar beneficios tanto económicos como ambientales a las comunidades locales.
