Tigres, jaguares y pumas la historia de José Juárez Gil, ampliamente conocido en el Caribe mexicano como “Pepe Tigre”, ha vuelto a sacudir las redes sociales y la opinión pública de Cancún, Quintana Roo, años atrás su nombre era sinónimo de uno de los atractivos más particulares de la zona hotelera: un restaurante frente a Playa Tortugas donde los comensales podían convivir y observar de cerca a grandes felinos. Sin embargo, detrás de aquella estampa turística y de la nostalgia comercial se esconde una densa trama de disputas inmobiliarias, operativos ambientales históricos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), denuncias por presuntos despojos y una reciente reaparición digital que ha avivado el debate sobre el bienestar animal y la posesión de terrenos en el sureste del país.

El Santuario Olvidado y la Reaparición que Encendió las Redes Sociales

Durante septiembre de 2026, la figura de Pepe Tigre retornó al centro de la conversación pública gracias a la visita de diversos creadores de contenido e influencers que recorrieron las ruinas de su antiguo establecimiento y santuario. En las grabaciones publicadas en plataformas digitales, se observa al empresario conviviendo con un ejemplar de jaguar que permanece en la propiedad, permitiendo incluso que los visitantes manipulen carne para alimentar al felino este material audiovisual, que rápidamente superó el millón y medio de reproducciones, desató una ola de reacciones divididas entre quienes respaldan al cuidador y aquellos que exigen una intervención urgente de las autoridades ambientales.

Simultáneamente en plataformas de movilización social como Change.org y mediante campañas de recaudación en GoFundMe, simpatizantes y activistas han denunciado un supuesto decomiso injusto y el bloqueo de accesos que habría dejado a una veintena de animales sin alimento durante semanas. Los promotores de estas peticiones sostienen que Juárez Gil ha enfrentado obstáculos sistemáticos para ingresar a los predios donde históricamente resguardaba a tigres, pumas y jaguares, generando una profunda incertidumbre sobre el estado de salud y el paradero actual de los ejemplares que formaban parte de su colección zoológica privada.

El Litigio por las Tierras: Una Batalla Legal de Más de Una Década

El conflicto que envuelve trasciende el ámbito estrictamente faunístico, hundiéndose en una compleja maraña de litigios inmobiliarios que se extienden por más de diez años. Ha sostenido de manera reiterada que los terrenos que ocupaba le fueron entregados originalmente a finales de los años ochenta —vinculando sus antecedentes a la administración del entonces gobernador Mario Villanueva Madrid— con el propósito de desarrollar un proyecto zoológico enfocado en la conservación y protección de especies silvestres nativas de la península de Yucatán.

No obstante la contraparte institucional refleja un escenario diferente en los tribunales, documentación oficial de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) —organismo que heredó los expedientes y controversias del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE)— registra actuaciones formales dentro del Juicio Ordinario Civil 1144/2012 promovido contra el empresario. Aunque Juárez Gil ha denunciado públicamente presuntos intentos de despojo, exigencias de pagos millonarios para la regularización de más de 250 mil metros cuadrados e incluso ha entregado cartas a autoridades federales en busca de intervención, la definición jurídica de la propiedad continúa su curso en los tribunales, requiriendo un análisis exhaustivo de escrituras, sentencias y resoluciones para esclarecer la legitimidad de los predios.

Antecedentes Ambientales: El Operativo de PROFEPA y el Decomiso de Felinos

La faceta más crítica del caso se remonta a los antecedentes documentados por las autoridades federales de protección ambiental, en abril de 2011, tras incidentes previos de seguridad —como el escape de un tigre siberiano que lesionó a un cuidador y la muerte de un ejemplar conocido como “Satán”—, la PROFEPA, en coordinación con la entonces PGR, ejecutó un operativo de gran envergadura en dos predios operados bajo el nombre de Pepe Jaguar Kingdom. En dicha intervención se aseguraron diez grandes felinos debido a deficiencias críticas en las condiciones de higiene, seguridad, planes de manejo y calidad alimentaria.

Los informes de la época detallaban que varios animales presentaban cuadros de desnutrición, lesiones e infecciones, alimentándose de sobrantes de carnicerías y restos caducados. Si bien ocho de los ejemplares decomisados fueron reubicados en zoológicos y Unidades de Manejo Ambiental (UMA) autorizadas, y una pantera negra (Panthera onca) fue devuelta a Juárez Gil tras acreditar su legal procedencia, el historial dejó constancia de las severas tensiones entre las prácticas de exhibición privada del empresario y las normativas vigentes de protección a la fauna silvestre en México.

Incertidumbre Actual: ¿Dónde Están los Animales y Qué Pasó en el Predio?

A fecha de septiembre de 2026, la reaparición de Pepe Tigre y la presencia confirmada de un jaguar en su antigua residencia han reabierto interrogantes fundamentales que las dependencias federales como SEMARNAT y PROFEPA aún no han esclarecido públicamente de manera oficial. Si bien el cuidador asegura contar con registros, certificados CITES y el respaldo voluntario de médicos veterinarios, la falta de una actualización administrativa transparente mantiene en vilo tanto a defensores de los derechos animales como a los seguidores del polémico personaje.

El caso se erige así como un espejo de las complejas contradicciones entre el esfuerzo individual por rescatar la fauna y la imperativa necesidad de cumplir con marcos legales estrictos que garanticen el bienestar animal. Mientras las peticiones digitales acumulan miles de firmas exigiendo claridad sobre el paradero de los animales y la situación de los predios, la sociedad cancunense permanece dividida entre la simpatía hacia un hombre que dedicó décadas al contacto con grandes felinos y la exigencia de legalidad institucional para proteger a los que no tienen voz.