Yucatán es uno de los principales puntos turísticos mexicanos. Su atractivo se sustenta en sus impresionantes playas y legendarias zonas arqueológicas, pero en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo entre 1920 y 1930, gran parte de sus visitantes iban a divorciarse.
La primera legislación que permitió la disolución oficial del matrimonio civil en México apareció en 1914, cuando el entonces Primer Jefe del Ejército Constitucional, Venustiano Carranza, promovió la controvertida Ley del Divorcio.
Su consagración llegó en 1917 con la promulgación de la Ley sobre Relaciones Familiares, que estableció bases generales para la separación legal de los matrimonios, pero permitió que las entidades federativas adecuaran los puntos particulares.
La posibilidad de legislar las separaciones conyugales “al gusto” de los estados abrió la puerta a nacionales y extranjeros que sólo querían disolver su matrimonio con rapidez y a bajo costo, estableciendo así los “sitios turísticos para el divorcio”.
En una entrega anterior resaltamos el caso de Chihuahua y Morelos, que tuvieron legislaciones “muy cómodas” para la disolución del matrimonio civil, y ahora toca el turno de Yucatán, donde se promovió una Ley Estatal de Divorcio en 1923, bajo la importante gestión de Felipe Carrillo Puerto.
El gobernador yucateco tuvo un discurso profundamente socialista y liberal, con la repartición de tierras para los trabajadores y la dignificación de los pueblos mayas. Además, respaldó la creciente postura feminista que era tan condenada en otras partes del país.
Dentro de sus movimientos para promover la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, Carrillo Puerto promulgó que cualquiera de los cónyuges pudiera solicitar la disolución matrimonial, sin importar su sexo. Sólo necesitaban ser originarios de Yucatán o residir en el estado durante 30 días y cubrir la cuota de 25 pesos para el juicio de separación.
De acuerdo con el Museo de la Mujer, el gobierno de Carrillo Puerto “defendió el divorcio como medio para la liberación femenina del yugo de matrimonios indeseados”. Las esposas que no quisieran continuar con su convivencia conyugal podían disolver la unión dentro de los juzgados yucatecos en cuestión de días, acción que sería admitida como legítima en cualquier estado o país.
