CDMX, agosto de 2026. Una severa distorsión en la aplicación de la legislación laboral vigentes está generando un fuerte impacto en el erario nacional y en el bienestar social de decenas de miles de familias. La empresa estadounidense de movilidad Uber calcula de forma incorrecta los ingresos de sus conductores y repartidores en México, una práctica sistemática que le cuesta a las finanzas públicas un quebranto estimado en mil millones de pesos al año este esquema de subreporte representa para la transnacional un ahorro aproximado de 83 millones de pesos mensuales en contribuciones no ingresadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), apartándose formalmente del marco regulatorio aplicable y dejando a los prestadores de servicios en una situación de vulnerabilidad previsional.
Defraudación al fisco: Uber omite mil millones de pesos al IMSS
La anomalía técnica radica en la metodología de cálculo salarial implementada por la compañía, entre enero y junio de 2026, Uber reportó ante el Seguro Social ingresos de conductores y repartidores que resultan entre 19% y 25% menores a los verdaderamente percibidos por el personal. Para lograr esta reducción en la base cotizable, la plataforma considera únicamente el tiempo efectivo laborado durante los viajes finalizados, excluyendo d
eliberadamente de la fórmula los incentivos por productividad y las cuotas de solicitud del servicio, rubros que por ley integran el salario, al aminorar la masa salarial declarada, la empresa disminuye sustancialmente su carga fiscal y vulnera de manera directa uno de los compromisos medulares de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de derechos laborales.
La brecha entre la fuerza laboral activa en aplicaciones y aquellos que gozan de prestaciones completas se mantiene alarmantemente amplia. A pesar de que la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) aprobada a finales de 2024 buscaba integrar plenamente al sector, las cifras oficiales reflejan un rezago estructural significativo de un universo de 1 millón 663 mil trabajadores potencialmente beneficiados por el marco legal, únicamente 237 mil 627 trabajadores de plataforma cuentan hoy en día con seguridad social plena ante el IMSS, situando el nivel de formalización efectiva en una fracción menor de lo proyectado por las autoridades nacionales.
En el centro de esta problemática, Uber se convierte en la única plataforma con casos de subreporte documentados directamente por sus propios conductores y repartidores, quienes han expuesto el desfase entre sus recibos de ingresos y sus constancias de semanas cotizadas. Las consecuencias de esta práctica rebasan la simple elusión de cuotas al seguro de salud: al subreportar el salario base de cotización, se deterioran directamente las aportaciones patronales destinadas al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (Afore), asimismo, el recorte arbitrario en el registro limita de facto el acceso pleno a prestaciones esenciales como el servicio de guarderías y la cobertura ampliada de protección familiar.
De los trabajadores dados de alta bajo el esquema de cobertura completa en el país, Uber concentra a cerca de 77 mil conductores esta masa laboral no padece el problema de forma aislada; la alteración en el registro produce un efecto dominó que termina por perjudicar a más de 250 mil personas si se contempla al núcleo familiar dependiente —calculado en un promedio de 3.6 integrantes por hogar según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)—. De no corregirse el mecanismo de reporte salarial de la transnacional, el déficit acumulado continuará erosionando la viabilidad económica del sistema previsional mexicano y minando las garantías sociales conquistadas para la economía digital.
Ante este escenario, resulta imperativo que los organismos de fiscalización del Estado mexicano implementen auditorías exhaustivas y cruces de información contable para poner fin a la evasión sistemática de contribuciones. De no actuar con firmeza, la omisión salarial no solo continuará minando las arcas públicas en un momento crucial para la consolidación del gasto social, sentará un precedente de impunidad frente a otros actores de la economía digital que sí cumplen con el marco normativo nacional.
La verdadera transformación de las condiciones laborales en el sector de plataformas no se logra únicamente con reformas escritas en el papel, con la garantía de su estricto cumplimiento en la práctica diaria. El bienestar de cientos de miles de familias mexicanas y la solvencia del sistema de seguridad social dependen de que empresas transnacionales asuman su responsabilidad legal de manera íntegra, reconociendo el valor y el ingreso real del trabajo que sostiene su modelo de negocio.
