Este próximo 25 de agosto que se cumplen 11 años del ataque incendiario al Casino Royale, autoridades de los tres niveles de gobierno ofrecerán disculpas públicas a los deudos de las 52 víctimas, así como a la sociedad de Nuevo León. 

Samara Pérez Muñiz, vocera de los familiares de los fallecidos, informó lo anterior y expresó que esperan la participación del gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas y autoridades federales que podrían estar representadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 

La Vocera compartió que el evento es organizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la ceremonia tendrá lugar en los bajos del Palacio Municipal de Monterrey a las 16:00 horas. 

“No solamente esto es muy importante para nuestras familias, sino también para nuestra sociedad nuevoleonesa en general”, dijo la activista. 

Pérez mencionó que este atentado marcó la vida de México y las disculpas públicas servirán para reconocer las omisiones del estado en los sucesos registrados el 25 de agosto del 2011. 

¿Qué pasó en el Casino Royale?

Aquel día un comando armado ingresó en la casa de apuestas y, tras rociar de gasolina el área de bingo, prendió fuego. El saldo mortal fue de 52 víctimas, entre ellas, dos mujeres embarazadas. 

El entonces Procurador de Justicia Estatal, Adrián de la Garza Santos, adjudicó el atentado a que el dueño del negocio no había querido pagar ‘cuota’ al crimen organizado. 

“Evidentemente se va a reconocer que la situación se dio por las omisiones de todas las autoridades, de todos los niveles”, indicó Pérez Muñiz. 

Sostuvo que representará un parteaguas en cuanto a que México puede tener un mejor gobierno, además de que mientras tengamos memoria hechos tan lamentables como este no deben repetirse. 

Especificó que las “Disculpas Públicas por los hechos lamentables vividos en el ataque del Casino Royale” son parte de la reparación integral del daño ordenada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 66/2012. 

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