El paro de actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha llegado a su fin tras una sesión privada, los ministros de la SCJN acordaron de manera unánime retomar las labores del máximo tribunal del país reanudando sus funciones a partir del próximo martes 17 de septiembre de 2024. Este anuncio marca un punto clave en el sistema judicial mexicano en medio de la controversia generada por la Reforma Judicial.
El paro de labores en la SCJN había sido motivo de desacuerdo entre los mismos ministros y diversos sectores de la sociedad. Aunque algunas ministras como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel Mossa, expresaron su desacuerdo con la suspensión de las actividades el paro se mantuvo para atender únicamente asuntos urgentes sin embargo el consenso para levantar el paro refleja la importancia de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Como destacó la ministra Ortiz en un comunicado: “Los derechos humanos esenciales no pueden ser suspendidos. Resolver solo los casos urgentes es insuficiente para garantizar el derecho de todas las personas a la justicia”. Su postura fue compartida por otras ministras que insistieron en la urgencia de reanudar las labores considerando que los derechos fundamentales deben estar plenamente garantizados.
En paralelo a la reanudación de actividades en la SCJN, la Reforma Judicial aprobada recientemente sigue siendo un tema candente. Esta reforma traerá cambios significativos en la manera en que se administra la justicia en México la ministra Lenia Batres propuso establecer una mesa de transición que acompañe la implementación de los cambios que conlleva esta reforma la cual ha suscitado tanto apoyos como críticas dentro del sistema judicial.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la posibilidad de que jueces, magistrados y ministros de la SCJN sean elegidos mediante voto popular. Este cambio que fue promovido por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador busca aumentar la transparencia y participación ciudadana en el sistema judicial según se ha anunciado los primeros comicios judiciales se llevarán a cabo en 2025, bajo la administración de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre de 2024.
No solo tendrá repercusiones dentro del ámbito judicial también afectará las relaciones internacionales y la seguridad jurídica en México. La elección de jueces y magistrados a través del voto popular ha generado incertidumbre no solo dentro de México también en sus socios internacionales inversionistas de Estados Unidos y Canadá han expresado preocupaciones sobre cómo estos cambios podrían afectar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) un acuerdo crucial para la economía mexicana.
En 2026, México deberá someter el T-MEC a una revisión, y la capacidad del país para mantener un entorno favorable para la inversión será clave en las negociaciones. A su vez la presidenta del INE, Guadalupe Taddei reconoció que la organización de estas elecciones judiciales plantea nuevos desafíos el INE tendrá que definir aspectos como el presupuesto la campaña de los candidatos la fiscalización de las elecciones y el diseño de las boletas.
En medio de este panorama las diferencias de opinión dentro de la SCJN han sido evidentes la ministra Norma Piña se ha mostrado crítica con respecto a algunos aspectos de la reforma lo que ha generado tensiones con otros miembros del tribunal. La ministra Lenia Batres en particular ha descalificado la postura de Piña señalando que representa una “visión unilateral y aislada” que no refleja las demandas del pueblo mexicano respecto al sistema de justicia.
Batres ha sido enfática en su crítica reiterando que la suspensión de actividades podría ser motivo de juicio político. Esta declaración resalta la tensión entre aquellos que buscan modernizar el sistema judicial y aquellos que abogan por un enfoque más conservador.
